La Doctora Laura Hernández participó activamente en el intercambio de buenas prácticas y experiencias sobre defensa pública.
Washington, Marzo de 2013.- La Coordinadora de la Asociación Interamericana de Defensorías Publica (AIDEF) y Directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública de República Dominicana, doctora Laura Hernández Román, participó en la sesión especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), acerca del intercambio de buenas prácticas y experiencias sobre la Defensa Publica como garantía de acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
En el evento donde participaron representantes de más de dieciocho países miembros de la OEA, observadores permanentes y defensores públicos de diez países del hemisferio, así como representantes de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y otras organizaciones de la sociedad civil registradas ante la OEA, la doctora Hernández Román compartió sus experiencias relacionadas a las buenas prácticas sobre la estructura y características de las defensorías, destacando la independencia y autonomía funcional y presupuestaria que deberían tener; las que tienen rango constitucional y los que tienen un marco legal.
En la reunión del organismo regional se habló además, de los sistemas disciplinarios de los distintos países; la ampliación que, en algunos países se ha dado a sus funciones y materias, como por ejemplo víctimas y asuntos distintos a los penales; lo que ganan los defensores vs. Jueces y fiscales en cada uno de los países, entre otros temas.
El Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la Secretaría de Asuntos Jurídicos presentó un informe sobre la implementación de la resolución de la Asamblea General AG/RES. 2656 (XLI-0/11), a cargo de Dante Negro y Magaly McLean. Refiriéndose a las actividades de cooperación que desarrolla con la AIDEF, enmarcadas en el Acuerdo de Cooperación que suscribió la Secretaría General de la OEA con la AIDEF el 4 de noviembre de 2011. Presentaron además una síntesis de las respuestas que por escrito dieron once Estados a un cuestionario circulado el año pasado, dirigido a recopilar información preliminar sobre distintos aspectos que caracterizan a la Defensa Pública en la región e identificar mejores prácticas en la materia.
Esta sesión fue inaugurada por el Embajador Andrés González, Representante Permanente de Colombia ante la OEA y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP). Además intervinieron, el señor Pedro Vuskovik, quien hizo una presentación del programa Interamericano de Facilitadores Judiciales que tiene a su cargo la Secretaría de Asuntos Jurídicos, y el señor Mario López de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Doctora Hernández quien estuvo acompañada por la doctora Stella Maris Martínez, Secretaria general de la AIDEF y Defensora General de la Defensorías Publica de Argentina, expresó que, la sesión, permitirán al DDI cumplir con el mandato de la Resolución de la Asamblea General AG/RES. 2714 (XLII-0/12) de elaborar un informe que compile las buenas prácticas en el tema de acceso a la justicia y Defensa Pública en la región que será presentado a la CAJP, durante el segundo semestre de este año. Concluyéndose que la adopción de resoluciones por parte de la Asamblea General ha contribuido a fortalecer las defensorías públicas de Iberoamérica, como es el caso de la independencia de la Defensoría Pública de Paraguay.
Por otro lado, la Asociación interamericana de Defensorías Publicas (AIDEF) firmó un acuerdo de entendimiento con la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual tiene como objetivo establecer un marco regulatorio con respecto a la promoción de la defensa pública interamericana para presuntas víctimas, cuyos casos se encuentren en la etapa de fondo ante la CIDH y éstas no cuenten con representación legal por carecer de recursos económico suficientes para ello.
El acuerdo ratifica los esfuerzos de ambas entidades para garantizar y potencializar el acceso a la justicia interamericana de las personas que recurren ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el fin de hacer efectiva la defensa de los derechos humanos y la consolidación del estado de derecho. Asimismo, constituye un logro por parte de la Asociación, en cuanto a la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de toda América.
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